Pobladores y transición política a la democracia en Chile en la década de los 80` (Parte 1)

Introducción

Después del golpe de Estado de 1973 y con el comienzo de la dictadura militar, el ‘poder popular’, que durante tres años había estado vinculado a la política convencional y al Estado, se volcó necesariamente hacia su origen, hacia las bases. Y en este proceso fue forjando caminos diversos e inéditos, en relación a las características de las necesidades locales. Podemos ver entonces cómo los pobladores urbanos de nuestro país se organizan en torno a ollas comunes, ferias libres, comités de Derechos Humanos, talleres culturales, escuelas populares e iniciativas de resistencia local, entre otros. Estas prácticas comunitarias constituyeron múltiples formas de empoderamiento y fortalecimiento del espacio y del poder local, de forma que ya no es sólo el tradicional centro de la ciudad el que da cuenta de la resistencia de los pobladores, sino que se amplían los escenarios y la lucha puede estar en cualquier lugar: la población, la plaza, el barrio, etcétera, o ir rotando por ellos.

El 11 de mayo de 1983, se realiza la Primera Jornada de Protesta Popular en Santiago, y con ella se abre un período marcado por manifestaciones que se extienden hasta 1986, y en que diversos sectores de la sociedad chilena manifiestan su descontento. Observamos a los pobladores como actores relevantes evidenciando la pobreza real del país, a los estudiantes y profesores retomando sus organizaciones, a las mujeres y a los jóvenes innovando en los contenidos de la movilización y juntos todos generando instancias de reconocimiento y enriquecimiento recíproco. Sin duda son tiempos de importante aprendizaje.

Por otro lado, el régimen militar, en el mismo período se aboca a agudizar la represión masiva (las jornadas de protesta tuvieron costos altísimos en encarcelamientos y torturas) y a generar políticas que dividieran al movimiento opositor. Luego, cuando reconoció la falta de estrategia y el debilitamiento de la movilización social, anunció plebiscito para 1988, tal como lo establecía la Constitución del ’80.

El plebiscito, en vistas de la falta de una estrategia compartida por los movimientos sociales populares generó en ellos un tenso clima de exigencias y discusiones internas, y en el plano de lo cotidiano, acarreaba tanto expectativas de cambio como temores al presente represivo y al futuro incierto. Lo único claro, era que estaba en juego un cambio en la institucionalidad política, no había una propuesta de ruptura del sistema económico y social que estuviera necesariamente ligada al cambio. A todo esto se sumaba desde ya la desconfianza hacia el sistema electoral.

Si el régimen llegaba a su fin, se abrirían los espacios políticos, mas si no lo hacía, éstos se cerrarían, consolidándose así la dictadura y su sistema económico.

El movimiento popular entonces, se halla en una coyuntura compleja, en la que necesita acumular fuerzas para hacer pesar sus intereses trascendentales ante la posible transición y así modificar el carácter esencialmente institucional de ésta.

El carácter multidisciplinario y autónomo del pueblo que se hizo notar en las protestas de los ‘80, no era igual al del pueblo peticionista que previo a 1973 marchaba disciplinado y esperanzado en el ‘poder construido’. El primero a través de sus diversos modos de autogestión, y a pesar del dolor y la represión había logrado un aprendizaje propio. “En este sentido, la actitud elitista y excluyente que adoptaron los políticos e intelectuales que pactaron la llamada “transición a la democracia”, respondió a su viejo concepto de pueblo- masa, y no al que correspondía al pueblo-ciudadano que ahora tenían delante de ellos”. El siguiente trabajo, es un acercamiento a la sociedad popular urbana chilena de los últimos años de dictadura, cuando va poco a poco debilitándose la movilización en las calles y aparece una esperanza de cambio en torno al plebiscito de 1988. Para nuestro análisis, los protagonistas serán los pobladores, nos aproximaremos a conocer sus formas de organización y a través de ello, intentaremos allegarnos a sus miradas, a sus expectativas y a sus sentimientos, a fin de comprender qué rol jugaron en el complejo cuadro político social llamado “transición a la democracia”.

Pobladores: un concepto socio-político

Analizando el trabajo de Vicente Espinoza, “Para una Historia de los pobres de la Ciudad”, comenzamos a entender el proceso de formación de los pobladores y sus primeras formas de organizarse. En 1968, esos vuelven a formar parte de los debates parlamentarios, no por sus condiciones de vida y los métodos para mejorarla sino para ser considerada dentro del proceso de democratización de la sociedad, en tanto participante activo de ella. Se busca el método para regularizar esa participación en el ámbito social y político. La iniciativa la había tomado la Democracia Cristiana, mientras la Izquierda intentaba adecuar la situación a sus intereses y la Derecha se mostraba indiferente frente al planteamiento. Hay que considerar que los pobladores habían sido un grupo ignorado en el relato oficial histórico como actor social, a pesar de su constante presencia en la escena nacional. La iniciativa política de la Democracia Cristiana va muy de la mano con la 'Teoría de la Marginalidad', que exponía principalmente que la pobreza, la miseria que penetraba principalmente la ciudad generan en la población gran frustración que antes de que desemboque en violencia, es mejor encauzarla mediante una política reformista. El problema por lo tanto, es la marginalidad respecto a lo moderno. Aquello se traduce en que para el progreso, para la modernización, había que reformar las estructuras sociales, y una forma es ampliar el alcance de lo moderno de tal manera que llegue a los sectores marginales, en fin, crear una sociedad moderna, con integración y movilidad social.

La marginalidad incluía la falta de acceso a los beneficios o recursos económicos y la escasa o nula participación en las decisiones sociales, sin contribuir, por lo tanto, a la solución de problemas, incluso a aquellos que afectan a los mismos excluidos. La teoría de la marginalidad y su responsabilidad, fue asumida por el gobierno de Frei Montalva, quien asume la función de agente promotor, entregándoles beneficios a los pobladores, quienes, junto a los campesinos formaron la base popular de su gobierno (en vez del mundo sindical, como había sucedido en otras ocasiones gubernamentales). Ahora bien, era necesario modernizar las estructuras sociales, pero esta transformación necesitaba de una base económica en la cual apoyarse y de una voluntad política que impulsara el proceso, mas en ellas no hubo cambio, lo que desembocó en la frustración del proceso de integración en pleno. Las demandas de los pobladores se fueron viendo frustradas, y la no capacidad de generar una vía de desarrollo alternativa al capitalismo, ayudó a la intromisión de la izquierda en las poblaciones. Un ejemplo de lo anterior son la organización de 'comités sin casa', como una de las maneras en que se expresó la radicalización de las formas de lucha y movilización de los pobladores, y otro ejemplo más significativo fueron las tomas de terreno, estrategia utilizada en cantidad. Estas tácticas, que en fondo son para presionar al Estado, se mantuvieron aun en el gobierno de la Unidad Popular.

Frente a todo lo anterior, Vicente Espinoza se pregunta si los pobladores son marginales, a lo que agrega que en Chile el término 'marginal' se homologó con el término 'poblador'. “De esta manera, 'poblador' pasó a construirse casi en una categoría social del mismo nivel que 'obrero' o 'campesino'.” Luego de los datos analizados por el autor, llega a la conclusión de que “no se podía afirmar que, los marginales fueran campesinos inmigrantes, poco asimilados a la cultura urbana y con una posición ocupacional incierta.”

Pero, volviendo a la promulgación de la Ley de Juntas de Vecinos, Vicente Espinoza menciona: “Si bien se logró la promulgación de una Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, ello no garantizó que las organizaciones acogidas encontraran una efectiva recepción por parte de la 'sociedad global'. En este sentido, el problema que se detecta es que la organización de los pobladores no garantiza por si sola la incorporación de los 'marginales' a los beneficios del sistema”. Para que exista una participación real de los marginales es necesario que la institucionalidad tradicional chilena los reconozca, y en cambio, como la base económica fue un factor que el gobierno de Frei Montalva no modificó en función del reconocimiento de las necesidades de los pobladores, entonces, cedió espacio a la izquierda para que trabajara entre los pobladores a través de los Comités sin Casa en las tomas de terreno, generándose así las formulaciones de un 'poder popular' donde el pueblo era gobierno. En cuanto a la participación misma de los pobladores, Vicente Espinoza reconoce una dinámica de causalidad entre la participación en las decisiones de la sociedad y el goce de los bienes producidos por ella. “Según esa relación de causalidad, se concebía como base de la situación de miseria de los pobladores, el carácter capitalista de la estructura económica. En este sentido, la población marginal o callampa es reconocida como expresión de la dinámica del capitalismo.”

En el caso de los pobladores, la superación de la situación de marginalidad tiene que ver con mejorar la matriz económica del problema, esto es, obtener la vivienda, aunque ello no se tradujera necesariamente en participación política propiamente tal. Es decir, la reivindicación de las materias básicas no tiene directa relación con la conciencia de clase a la que responde la participación activa. La transición entre la organización práctica generada por las necesidades contingentes y la concientización con ideología era el potencial de lucha de los pobladores y parecía asegurado por la participación de los comunistas en la organización del mundo poblacional, que planteaban la lucha ideológica que debían tener los pobladores frente a la burguesía, para lo que se intento involucrar a dirigentes pobladores en la formación orgánica del PC, siempre teniendo más capacidad de decisión política el partido.

En cuanto a la perspectiva socialista respecto de los pobladores y la Ley que se discutía en el parlamento, ellos la consideraban una propuesta fascista del gobierno. “La crítica se dirigía tanto al intento de establecer una categoría social nueva -los marginales- , diferenciada de los trabajadores, como a la estructura de control vecinal. Cabe recordar que el proyecto de ley establecía el control y super-vigilancia de la organización vecinal a través del Ministerio del Interior”. Aquí es cuando entran los conceptos de 'poder de masas' o 'poder popular', donde en la organización poblacional existe una correlación entre el conseguir satisfacer las necesidades básicas con la acción política en sí. Vicente Espinoza aclara que en la práctica “el planteamiento socialista de este tiempo llegó a ser una de las orientaciones que asumiría el sector poblacional durante el gobierno de la Unidad Popular”

Para la izquierda en general, los pobladores eran una novedad, puesto que, ya tenían estrategias para trabajar con sectores ocupacionales y con frentes, mas el 'poblador', por ser una categoría social nueva, los descolocaba, pues fue la DC quién rotuló a un gran sector popular dentro de aquella categoría, y planteó también su integración tanto en el ámbito social como en el político. En ese punto es que erró la izquierda en el sentido de que sólo se enfocó en la integración económica considerando principalmente a los 'pobladores' como 'pobres'. Y no como actores con necesidades sociales y políticas.

Mientras tanto la derecha, si bien se mostró favorable a la formación de organizaciones vecinales, las reducía sólo a su base y las excluía del área de la política, la idea era que la participación social y política se redujera al mínimo.

No obstante las diversas apreciaciones, “finalmente, el 7 de Agosto de 1968, la ley fue publicada en el Diario Oficial, cristalizando así una antigua aspiración de las organizaciones de pobladores: la de constituirse legalmente. La política siempre estuvo presente en la historia de los pobladores, ya que reclamaban integrarse a la toma de decisiones del sistema en que estaban inmersos, y luego de la publicación de la ley, las poblaciones empiezan a formar parte de la institucionalidad chilena como un movimiento social que amplió su espectro de incidencia.

Pobladores e instituciones no gubernamentales

Con respecto a las instituciones no estatales y su relación con los pobladores, y basándonos fundamentalmente en el documento de la FLACSO “Espacio y Poder: los pobladores”, podemos identificar que en período en que comienza la dictadura hay una reorientación de la política hacia los sectores populares incluidos los pobladores, lo que agrava aún más su situación de pobreza, desarticula la organización que antes tenía, y estrecha las posibilidades de levantar identidad y movilización popular. Con respecto a lo anterior es que las instituciones se levantan como una alternativa social de apoyo que desde un ámbito no estatal abren un espacio de debate (“denuncia”) y acción. Primero, de defensa de los derechos fundamentales de las personas y luego, de transformación social y política.

En el documento, escrito por Daniela Sánchez, se analiza el período dividiéndolo en tres etapas. En la primera etapa: 1973-1976, es la Iglesia la que responde rápidamente frente a la emergencia formando el Comité de Ayuda a los Refugiados (CONAR) y el Comité de Cooperación para Paz en Chile ( COPACHI). A partir de la iglesia es que nacen pequeños grupos de instituciones. Sus actividades responden a la situación creada por el quiebre de la institucionalidad. Su acción estaba supeditada al problema de la relación entre Estado e Iglesia, cuyo clímax ocurrió en 1975 cuando la COPACHI es clausurada.

También había un conjunto de instituciones de acción social fundadas entre 1950 y 1960, con apoyo anterior del Estado, que cuentan como 'obras sociales' orientadas a grupos específicos dentro de la población. Tienen una naturaleza más asistencial y presentan en su acción un menor impacto en el contexto nacional.

En un primer momento las 'nuevas instituciones' vuelcan su preocupación y ocupación a los 'hechos irregulares' que tenían que ver con pasar a llevar la 'dignidad de las personas', y al final del período, comienzan a estar entre las prioridades lo económico y social: 'hambre, cesantía y salud'. También se enfocan en la educación informal como 'área a trabajar en los sectores populares'. 'Se amplia la gama de problemas a enfrentar a distintos ámbitos de la vida nacional y, entre ellos, al sector poblacional.

En una segunda etapa desde 1976 a 1978, son las consecuencias económicas causadas por las medidas económicas de shock las que recaen fuertemente en los pobladores e inciden significativamente en el nuevo matiz que adquieren las actividades institucionales.

El panorama poblacional cambia con respecto a la atomización y desorganización imperantes en la etapa anterior porque surgen un conjunto de iniciativas de auto-subsistencia y ayuda reciproca que generan una red de organizaciones relativamente articuladas entre sí, red que empieza a contar con el apoyo cada vez más fuerte de las instituciones.

Las iniciativas más representativas de estas organizaciones son: los comedores populares, las bolsas de cesantes con sus talleres productivos y de servicios, los centros de apoyo escolar, bibliotecas y grupos juveniles, grupos de 'familiares de detenidos -desaparecidos' y comisiones de vivienda.

En 1976-1977, las organizaciones solidarias alcanzan una expansión en las diversas zonas de Santiago, y logran el punto más alto de participación, dentro del período estudiado. Eso se debe, por un lado, a la baja de la hostilidad represiva de las autoridades político administrativas, y por otro, por el respaldo eclesial.

Los pobladores sienten menos temor a participar en las organizaciones solidarias, pero esta mayor legitimidad hace que se pierda el sentido de denuncia y un cambio paulatino en la composición de sus integrantes.

Lo más importante respecto a estas instituciones es su aparición en el sector poblacional, lo que se conjuga con el auge de las instituciones solidarias y con el rol subsidiario que asume el Estado. Opera un cambio en la forma de concebir a los afectados: serán sectores sociales con bajos recursos económicos de poblaciones y campamentos, es decir, los pobladores. En el caso de los pobladores, las instituciones enfocan estas necesidades a partir del supuesto que el intento por abordarlas puede crear condiciones para generar organización popular.

Los problemas centrales abordados en este tiempo son: hambre, cesantía, salud, vivienda, educación, cultura y recreación, participación organización, con la represión y el temor del trasfondo. Más la fase final de la etapa, se observa que las instituciones cambian en su discurso el orden de prioridad de los problemas. Ahora lo central es la vivienda, la educación y la cultura.

Finalmente, las instituciones advierten que sus programas no dan a basto para palear las necesidades manifiestas de los pobladores organizados ante la 'no respuesta' del Estado.

Esa situación se interpreta como un estancamiento de las organizaciones solidarias en su dimensión de ayuda recíproca y de organización popular, crisis que culmina en 1978, con una re-lectura de los problemas a enfrentar por parte de las instituciones y de sus prioridades de acción.

En general, la acción institucional demuestra una mayor densidad de actividades en poblaciones , luego en campamentos y, en último lugar, se ramifica a zonas rurales cercanas a Santiago.

El conjunto de intenciones de las instituciones, está referido en combatir un modelo de desarrollo que obstaculiza una calidad de vida digna para los sectores populares y la lógica orientadora va hacia promover la organización popular en el área poblacional.

La tercera etapa (1978-1981) se abre con la consulta nacional de 1978, y se termina cuando los efectos del plebiscito de 1980 se dejan sentir en las organizaciones solidarias e instituciones de acción poblacional. Un relativo y efímero éxito económico, permite al régimen imponer un nuevo modelo político finiquitado con la Constitución de 1980. Lo anterior significa que se prolonga hasta 1989 el sistema político imperante y en virtud de las disposiciones transitorias, el ejecutivo tiene más poder que nunca. La organización solidaria, social, poblacional disminuye pero nacen nuevas formas organizativas, como los comités de abastecimiento, talleres poblacionales, equipos de salud, etc.